El vicepresidente en aquel momento, Enrique Cerezo, hizo lo propio mediante un mecanismo análogo, presentando un aval bancario por valor de 650 millones de pesetas, de manera que los avales de Jesús Gil y de Enrique Cerezo sumaron 1950 millones (94,5 % del capital social que se debía suscribir). En 2003, tanto Jesús Gil como Enrique Cerezo fueron condenados por la Audiencia Nacional en el llamado «Caso Atlético», por un delito de apropiación indebida, al obtener la mayoría accionarial del club sin la aportación de capital alguno.
